Acciones de la AFIP permitieron regularizar a más de 167.000 trabajadores durante 2022
Las acciones permanentes desplegadas a lo largo del año por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitieron regularizar a más de 167.000 trabajadores en relación de dependencia. De esta manera, el período entre enero y noviembre de 2022 muestra un incremento del 161% en la cantidad de empleados que pasaron a estar registrados como resultado de las tareas de control del organismo conducido por Carlos Castagneto. Durante el mismo lapso de 2021, se habían formalizado poco más de 64.000.
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La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), a cargo de Mara Ruiz Malec desde agosto pasado, fortaleció las fiscalizaciones presenciales y virtuales y las campañas de inducción a empleadores para que formalicen trabajadores en situación irregular. Así, la DGRSS logró incorporar a 109.413 empleados que no tenían registro alguno en AFIP.
De ese total, 73.248 lo hicieron a partir de campañas masivas de inducción, 22.085 por fiscalizaciones presenciales y 14.080 por fiscalizaciones virtuales. En total, unos 44.033 empleadores regularizaron 167.749 trabajadores a lo largo del año.
El 25% de ese universo correspondió al sector Comercio y el 16%, a Hoteles y Restaurantes. Por su parte, a Construcción y Agricultura correspondieron el 11% en cada caso y el 10%, a la Industria Manufacturera, entre las principales actividades alcanzadas por las acciones de fiscalización y control de la DGRSS.
En 2021, los trabajadores regularizados habían sumado 64.236, de los cuales 36.394 se trataron de empleados nuevos incluidos en el sistema. Durante ese año, el 23% había correspondido al rubro constructor, 15% al Comercio e Industria Manufacturera y Transporte habían representado el 12%.
Cabe destacar que las tareas de fiscalización previsional llevadas a cabo por la AFIP forman parte de las acciones de concientización sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de las obligaciones de los empleadores que lleva a cabo el organismo, en la búsqueda de reducir la informalidad laboral.
Los empleadores que evaden las cargas sociales no permiten que sus trabajadores accedan a una obra social y a una jubilación como tampoco garantizan una cobertura en casos de accidentes de trabajo y seguro de vida.